Academia –en el sentido que aquí interesa– se define en la primera de las ocho acepciones del término que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, como “sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública”. Según el diccionario Academia Francesa, se trata de una “sociedad compuesta por personas distinguidas principalmente en las letras, el derecho, las ciencias y las artes”. El diccionario de las Academias alemanas (GoetheWörterbuch, elaborado y editado conjuntamente por tres de ellas define la Academia, escuetamente, como “sociedad erudita” (gelehrte Gesellschaft). En el Diccionario digital de la lengua alemana del siglo XX (Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des Jahrhunderts), elaborado por la Academia de Ciencias de Berlin-Brandemburgo, se define la Academia como “asociación de científicos para el fomento y el avance de la investigación“. En los países germánicos es habitual la expresión “sociedad de sabios” (Gelehrtengesellschaft), y en los francófonos la de société savante que, cómo en aquéllos, aparece incluso en algunos estatutos académicos.
El origen de las Academias de Derecho y Jurisprudencia se remonta al año 1730, en que la Junta de Jurisprudencia Práctica empieza a reunirse en Madrid en casa del Abogado de los Reales Consejos don Juan Antonio Torremocha. La corporación de donde derivan todas las Academias del mundo se componía de 30 Académicos de Número. En 1739 imprimió sus primeros Estatutos. Celebraba dos reuniones semanales, los lunes y los jueves, y en ellas un Académico leía una disertación que luego era discutida entre todos. Los miembros más destacados de la corporación, en esos años iniciales, eran Nicolás Álvarez Cienfuegos, Tomás Ibáñez, Pedro Joaquín Murcia, Bartolomé Galán y José Moñino, futuro Conde de Floridablanca y Secretario de Estado de Carlos III. A don José Moñino, que fue Presidente de la Real Academia de Derecho y Jurisprudencia, se debe la expedición de la Real Cédula del 20 de febrero de 1763, en que se reconoce oficialmente a la Academia, bajo el título de Real Academia de Leyes de estos Reynos y de Derecho Público, con la advocación de Santa Bárbara.
La Academia funcionaba «por pluralidad de votos» y disfrutaba de gran independencia, convocaba premios e inició la formación de una importante biblioteca, para sus numerarios cuyos volúmenes son el núcleo de la actual biblioteca de la Academia.
La Academia, durante la guerra de Independencia y el reinado de Fernando VII
A comienzos del siglo XIX, la Guerra de la Independencia y la vuelta del absolutismo trajeron consigo un período de obscurecimiento de la Academia de Derecho y Jurisprudencia y del movimiento academicista en general. No obstante, la actitud de la Academia de Derecho y Jurisprudencia de negarse a reconocer como rey a José Bonaparte le valió su restauración, y la asignación de una ayuda económica de 200 ducados para financiar los trabajos de la Academia. Fernando VII la reconoció oficialmente, con la denominación de Academia de la Purísima Concepción. En el año 1820, todos los Académicos, con su presidente don Juan Antonio de Castejón a la cabeza, juraron la Constitución de 1812. El liberalismo de los Académicos les costó sin embargo la intervención por el Gobierno en julio de 1825, lo que rompió con su casi secular tradición de autonomía interna. En 1826, Fernando VII decidió dividirla en dos corporaciones distintas: la de Carlos III y la de Nuestra Señora del Carmen, más tarde llamada de Fernando VII, totalmente intervenidas desde el poder.
Cambios de denominación
Tras la muerte del rey, la Reina Regente dispuso, en 1836, que ambas se reunieran de nuevo bajo la antigua advocación de Nuestra Señora de la Concepción, cambiando su nombre en 1838 por el de Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. En esa fecha se inicia uno de los periodos más fecundos de la Academia, que alcanza hasta la revolución de 1868.
Tras la Restauración de la monarquía, después del sexenio revolucionario, la corporación recobró por concesión de Alfonso XII, en 1882, su antiguo adjetivo de Real Academia, adaptándose en 1932 a la nueva realidad republicana con el cambio de su histórica denominación por la de Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación, y en 1938, recuperó el nombre de Real Academia de Derecho y Jurisprudencia y estableció provisionalmente su sede en San Sebastián.
Desde 1946 hasta hoy En la actualidad, la investigación tiene un rol fundamental para las universidades porque contribuye al desarrollo del país y de la sociedad, ya que influye positivamente mejorando los estándares de vida, también genera conocimiento y propicia el aprendizaje, en la que participan de manera activa los académicos incorporados.
El objetivo compartido en el campo de la investigación, es la actualización, divulgación y acreditación de conocimientos en los diferentes territorios de la ciencia y del discernimiento, para los académicos, graduandos e profesionales de prestigio incorporados, fomentando nuevas iniciativas que incrementen la publicación indexada, nacional e internacional.
Nuestra académicos está convencidos que ha llegado la hora de planeamiento estratégico en todos los campos de la actividad humana y de una profunda Innovación en el área de la gestión moderna orientada al liderazgo, la promoción de capacidades, la producción intelectual, promoción e implementación de la justicia privada nacional, el desarrollo económico y la prevención y monitoreo de conflictos socio económicos a fin dar paso al orden que exige la modernidad, dentro de un clima de dialogo e intermediación aunado al entendimiento y cooperación interinstitucional necesario para concertar el cambio.
La ACADEMIA PERUANA DE DERECHO ARBITRAL Y CIENCIAS FORENSES PERICIALES, es una corporación científica avocada a auspiciar la creación intelectual, la gestión institucional, la investigación, la divulgación del derecho arbitral y el desarrollo de las peritaciones en sus diversas especialidades; está comprometida a la materialización de la justicia privada nacional y la institucionalización del diálogo en la región, erigiéndose como la única entidad promotora de normatividad regulatoria de la arbitración en el Perú y otros medios de resolución de controversias, tanto como formadora y capacitadora de Peritos en el ámbito nacional.